JUSTICIA SOCIAL DE LA OPERACIÓN


Está en trámite parlamentario la autorización provincial para realizar ligadura de trompas de Falopio o vasectomía a los efectos de controlar la natalidad de la población.
Si tomamos en cuenta las convicciones religiosas católicas y cristianas en general, la posición es clara y negativa ante estas posibilidades, pero ello no puede ser aplicado a quienes no profesan la religión o tienen otras posiciones ético-morales y me permito verter algunas opiniones para contribuir a dicho debate.
Se dice que es costumbre la ligadura de trompas o vasectomía pero el Estado tiene que regirse por una ética y principios morales básicos derivados de las normas constitucionales vigentes, y con esos parámetros debe legislar incorporando las buenas costumbres y sancionando las malas, y no al revés.
   

Se dice que permitiendo la automutilación reproductiva se amplía la esfera de libertad para disponer del propio cuerpo, con ese criterio no debería exigirse el cinturón de seguridad porque la persona es libre de asumir el riesgo en un accidente automovilístico. La legislación, conforme los principios éticos que la inspiran puede establecer restricciones razonables como poner un límite a la autoflagelación de las personas. El mismo razonamiento es aplicable a otros casos como los cambios de sexo que seguramente será el próximo proyecto que se tratará de aprobar siguiendo el camino de éste.
El tema se plantea con el fundamento de que las familias humildes que tienen muchos hijos piden evitar tener más en futuro, que aquéllos que tienen plata lo pueden hacer en sanatorios privados y con la ley podría realizarse en hospitales públicos.
Es decir, que la ligadura de trompas o la vasectomía serían un acto de justicia social.

 

Cuestiono el concepto general que fundamenta la ley en cuanto a que la lucha contra la pobreza no se encara en forma general sino pretendiendo que los proletarios reduzcan su prole, antes de que los hermanos excluidos puedan tener una vida mejor.
Se los incluye para que impedir que tengan hijos en el futuro, pero el resto de las variables sociales no se contemplan. Se dice que no entienden de métodos anticonceptivos porque no tienen educación, y no hay suficientes proyectos para mejorar concretamente, para dejar atrás los tristes índices de Corrientes que nos ubican desde hace años entre las provincias con menor desarrollo humano del país.
Si el tiempo y el empeño que se pone en este proyecto de ley, sirviera para generar un debate y la concreción de un programa integral de lucha contra la pobreza de mediano plazo que contemple, un fondo específico, administrado en forma conjunta por los sectores políticos y la sociedad civil, con monitoreo y auditoria de los resultados por las universidades, podríamos sentir que estamos construyendo un futuro mejor. Es nuestro deber humano hacer todo lo posible para que los pobres no existan, y no para conservar una estructura social injusta, cambiando algo para que todo siga igual.
A veces parece que hay que hacer una campaña de alfabetización ética que permita incluir el tema de los valores de la comunidad que estamos construyendo y las virtudes que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana, y los que más poder tienen más responsabilidad tienen de cumplir y hacer cumplir lo que corresponde.
Todo poder tiene una hipoteca ética, de servir para construir un mundo mejor; los valores dan sentido a la vida humana en este minúsculo granito del universo que es la Tierra y en este marco debemos actuar, aunque la última encuesta diga lo contrario.

CARLOS RUBÍN - ABOGADO
EX INTENDENTE DE CURUZÚ CUATIÁ

 

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